La "sangría de yeguas": enfrentar ante la justicia a una industria habilitada para lo que consideramos crueldad
Como abogados de dos fundaciones internacionales, llevamos a la justicia argentina la “sangría de yeguas” y defendimos nuestro lugar en la causa frente a una empresa con décadas de trayectoria. La causa puso en evidencia un límite de nuestra ley que hoy buscamos cambiar.
La "sangría de yeguas": enfrentar ante la
justicia a una industria habilitada para lo que consideramos crueldad
La situación
Desde hace años, organizaciones internacionales de protección animal investigan
una práctica conocida como "sangría de yeguas": la extracción de
grandes volúmenes de sangre a yeguas preñadas para obtener una hormona que
luego se exporta, principalmente a Europa, para aumentar la fertilidad de las
cerdas en la industria porcina. Según esas investigaciones, la actividad
implicaba extracciones reiteradas, abortos inducidos para volver a preñar a las
yeguas y malos tratos durante el manejo de los animales, registrados en
filmaciones obtenidas dentro de un establecimiento de la empresa Syntex S.A. en
Ayacucho, provincia de Buenos Aires.
El desafío
Era un caso de enorme complejidad. Enfrente estaba una empresa con décadas de
trayectoria, habilitaciones oficiales y un fuerte respaldo técnico y jurídico.
Había que traducir años de investigación internacional (informes científicos,
dictámenes veterinarios, filmaciones y documentación en otros idiomas) a los
términos de la ley penal argentina, y sostener algo que muchos daban por
imposible: que una actividad habilitada puede igualmente constituir maltrato
animal si provoca sufrimientos innecesarios.
Qué hicimos
Como abogados de la Fundación Franz Weber y de la Animal Welfare Foundation,
formulamos en noviembre de 2019 una denuncia penal por infracción a la ley de
maltrato animal ante la justicia de Dolores. La acompañamos con la
investigación internacional completa, informes de veterinarios argentinos y de
un especialista en medicina reproductiva de una universidad alemana,
fotografías, la ubicación del establecimiento y numerosas filmaciones. Pedimos
un allanamiento inmediato para verificar la cantidad y el estado de los
animales, y el secuestro de la documentación sobre los protocolos de extracción
de sangre, la frecuencia de los sangrados, los abortos inducidos y los
volúmenes de hormona exportados.
Cuando la investigación no avanzaba, reclamamos ante la
Fiscalía General y seguimos impulsando cada medida. La empresa intentó impedir
que participáramos del proceso y que accediéramos al expediente, pero el
Juzgado de Garantías de Dolores nos dio la razón y reconoció a la denunciante y
a nuestro estudio como legítimos intervinientes en la causa, con todas las
facultades que la ley otorga. Mantuvimos a las organizaciones internacionales
informadas en cada paso, con traducciones de los escritos y reuniones de
trabajo, y respondimos públicamente, junto a ellas, a los intentos de la
empresa de desacreditar la denuncia.
Dónde terminó la causa, y lo que se logró
La fiscalía finalmente archivó la investigación, y la Fiscalía General confirmó
esa decisión: consideró que, al contar la empresa con las habilitaciones
correspondientes, su actividad no encuadraba en la ley penal, y señaló que el
camino para cuestionarla era la revisión administrativa de esas autorizaciones.
No nos quedamos ahí: junto a las fundaciones, llevamos nuestra preocupación al
Procurador General de la Provincia de Buenos Aires.
Aunque la causa penal no prosperó, el caso dejó marcas.
Llevó a los tribunales argentinos una práctica que durante décadas había
permanecido lejos de la mirada pública, obligó a la justicia a pronunciarse
sobre ella y contribuyó a la presión internacional para que las empresas
compradoras revisaran su vínculo con la actividad. Y dejó en claro un límite de
nuestra legislación actual: mientras los animales sean considerados cosas, una
habilitación administrativa puede alcanzar para justificar su sufrimiento. Ese
límite es una de las razones por las que impulsamos la Ley Sintientes.
En los medios
Noticias Ambientales (19/03/2021): "Granja de sangre en Argentina: Un
negocio cruel que se debe detener".
