Allanamiento con armas y droga: logramos que cayeran las acusaciones más graves
Encontramos las fallas del acta de allanamiento, las discutimos hasta el Tribunal de Casación e interrogamos a cada policía que ingresó a la vivienda. Así logramos que cayeran las acusaciones más graves y que la pena quedara prácticamente en el mínimo legal.
Título: Allanamiento con armas y droga: logramos que
cayeran las acusaciones más graves
La situación
En junio de 2025, durante un allanamiento en una vivienda de San Francisco
Solano, nuestro cliente fue detenido. Según el acta policial, al ingresar el
grupo de irrupción había apuntado con un arma de fuego a uno de los efectivos y
había gatillado dos veces contra él. En la habitación se secuestraron además
dos revólveres, envoltorios con cocaína y una balanza de precisión. A partir de
ese único procedimiento se abrieron dos causas distintas: una por tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización, y otra por resistencia a la
autoridad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de
armas, con una agravante adicional por el empleo de armas. Nuestro cliente
quedó en prisión preventiva.
El desafío
Cuando tomamos la defensa, la investigación ya estaba avanzada, el fiscal se
preparaba para pedir la elevación a juicio y nuestro cliente llevaba semanas
detenido. La acusación se sostenía sobre un acta de allanamiento con graves
inconsistencias, y la suma de las imputaciones exponía a nuestro cliente a una
pena muy elevada. El episodio del arma era el punto decisivo: atribuirle haber
intentado disparar contra un policía cambiaba por completo la gravedad del
caso.
Qué hicimos
Estudiamos el procedimiento en profundidad, pieza por pieza, y encontramos el
punto débil de la acusación: el acta no reflejaba lo que había ocurrido. Los
propios policías que la firmaron habían tenido que rectificarla, reconociendo
que no habían presenciado el momento del ingreso y que habían volcado lo que
otros les contaron. A partir de ahí trazamos la estrategia.
Pedimos que ambas causas se unificaran, porque nacían de un
mismo hecho y no podían discutirse por separado sin perjudicar la defensa.
Solicitamos medidas de prueba urgentes, ampliamos los puntos de pericia y
aportamos testigos de descargo. Participamos en las declaraciones del personal
que ingresó a la vivienda e interrogamos a los efectivos del grupo de
irrupción, cuyas versiones terminaron contradiciendo la del acta. Nos opusimos
a la elevación a juicio mientras esa prueba no se produjera.
En paralelo, planteamos la falsedad del acta de allanamiento
y pedimos su nulidad. Llevamos ese planteo al Juzgado de Garantías, a la Cámara
de Apelación y Garantías y al Tribunal de Casación Penal de la Provincia, y
volvimos a introducirlo ya en la etapa de juicio. Cada instancia nos permitió
dejar asentadas las contradicciones del procedimiento y fortalecer nuestra
posición.
Con ese trabajo hecho, evaluamos junto a nuestro cliente los
riesgos y beneficios de ir a juicio oral, y decidimos acordar un juicio
abreviado. Pero no aceptamos la acusación tal como venía: discutimos ante el
tribunal la calificación de los hechos más graves, apoyándonos en todo lo que
habíamos construido durante la investigación.
El resultado
El tribunal nos dio la razón. Concluyó que, según los propios policías que
ingresaron, no estaba probado que nuestro cliente hubiera apuntado ni gatillado
contra ningún efectivo, y descartó las acusaciones de resistencia a la
autoridad y de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. Cayeron así los
delitos más graves de la imputación. La pena final fue de cuatro años y un mes
de prisión: prácticamente el mínimo legal para los delitos que subsistieron, e
incluso inferior a la que se había acordado inicialmente.
