Una oficial de policía, cesanteada estando embarazada: logramos su reincorporación
Recurrimos la cesantía en término, habilitamos la feria judicial para presentar un amparo contra el Ministerio de Seguridad y defendimos también la cobertura de salud de su bebé. Así logramos que una oficial cesanteada estando embarazada fuera reincorporada a la fuerza.
Una oficial de policía, cesanteada estando embarazada:
logramos su reincorporación
La situación
En noviembre de 2025, una oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires
fue notificada de su cesantía. La sanción se basaba en dos sumarios
administrativos por episodios ocurridos en 2021 y en 2022, que la Auditoría
General de Asuntos Internos había mantenido abiertos durante casi cuatro años.
Además, la Auditoría se había apartado de la recomendación del propio
instructor, que proponía una suspensión de sesenta días, y había aplicado la
sanción más grave posible, con ejecución inmediata. Ese mismo día tuvo que
entregar su credencial. Estaba cursando un embarazo a término, y a las pocas
semanas nació su hija. De un día para otro, quedó sin salario, sin obra social
y sin sustento para su familia.
El desafío
El régimen disciplinario policial tiene reglas, plazos y recursos propios, y
cada paso debía darse con precisión y a tiempo. El problema era que, mientras
los recursos administrativos se tramitaban, la cesantía seguía produciendo
efectos. Cada día sin respuesta era un día más sin ingresos ni cobertura médica
para una madre y su bebé recién nacida.
Qué hicimos
Interpusimos en término un recurso de reconsideración con apelación en subsidio
contra la resolución de cesantía. Planteamos que la potestad sancionatoria de
la Administración se había extinguido por haber superado largamente el plazo
razonable que exigen la ley y la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
cuestionamos la prueba sobre la que se había construido la acusación, señalamos
la desproporción de la sanción frente a lo recomendado por el propio instructor
y pedimos la suspensión inmediata de sus efectos, en virtud de la protección
especial que la Constitución y los tratados internacionales garantizan a la
mujer embarazada.
Como la Auditoría no daba trámite al recurso, llevamos el
caso a la justicia. En plena feria judicial, pedimos su habilitación por la
urgencia del caso y presentamos una acción de amparo contra el Ministerio de
Seguridad. El juzgado la declaró admisible y dio traslado al Ministerio y a la
Fiscalía de Estado, que tuvieron que dar explicaciones en el expediente.
Seguimos cada paso del proceso y respondimos cada presentación del Estado,
señalando que no había contestado la demanda en término y que su inacción continuaba
perjudicando a nuestra clienta. Al mismo tiempo, cuando la obra social le negó
la afiliación a su hija recién nacida, la intimamos por carta documento para
que le diera el alta, en defensa del derecho a la salud de la bebé.
El resultado
Poco después de nuestra intervención, la Administración dejó sin efecto la
cesantía y nuestra clienta fue reincorporada a la fuerza, recuperando su
trabajo, su salario y la cobertura de salud para ella y su hija
