Un veterinario sancionado sin saber de qué se lo acusaba: un caso que llevamos hasta la Suprema Corte
Del Tribunal de Ética a la Cámara, y de ahí a la Suprema Corte: defendemos a un veterinario sancionado sin una acusación concreta. Mientras tanto, logramos que siga ejerciendo su profesión.
Un veterinario sancionado sin saber de qué se lo acusaba:
un caso que llevamos hasta la Suprema Corte
La situación
En 2020, un grupo de colegas denunció a un médico veterinario ante el Tribunal
de ética del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. La
denuncia se limitaba a dos palabras: "castraciones clandestinas". No
indicaba cuándo, dónde ni cómo habrían ocurrido los supuestos hechos, ni qué
conducta concreta se le atribuía. La prueba aportada consistía en capturas de
pantalla de redes sociales y mensajes sin fecha, sin lugar y, en varios casos,
sin ninguna mención a nuestro cliente. Aun así, el proceso avanzó y, en 2022,
el Tribunal de ética lo sancionó con seis meses de suspensión de su matrícula y
una multa. Para un profesional que vive de su trabajo, la suspensión significaba
no poder ejercer durante medio año.
El desafío
El régimen disciplinario de los veterinarios tiene su propia ley, su código de
ética y un procedimiento específico ante el Colegio. Pero ese procedimiento,
como cualquier ejercicio del poder sancionatorio, tiene que respetar las
garantías constitucionales del debido proceso. El primer derecho de quien es
acusado es saber de qué se lo acusa; sin eso, no hay defensa posible. Además,
la conducta de "castraciones clandestinas" no aparece tipificada como
falta en ninguna norma. El desafío era demostrar, en cada instancia, que una
sanción construida sobre esas bases no podía sostenerse.
Qué hicimos
Desde el primer escrito trabajamos con una estrategia clara y de largo plazo.
En el descargo ante el Tribunal de ética planteamos la falta de una imputación
concreta, la atipicidad de la conducta, en virtud del principio de legalidad, y
la invalidez de una prueba confusa, incompleta y que ni siquiera lo mencionaba.
Participamos en la audiencia y, antes de la sentencia, pedimos la caducidad del
procedimiento por el incumplimiento de los plazos.
Dictada la sanción, agotamos la vía administrativa y
llevamos el caso a la justicia. Interpusimos un recurso directo ante la Cámara
de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, pidiendo la nulidad
de todo el proceso disciplinario, y luego readecuamos la acción como una
pretensión anulatoria, profundizando cada agravio: la ausencia de hechos
concretos, la violación del derecho de defensa, la falta de tipicidad y la
debilidad de la prueba. Ofrecimos incluso una pericia tecnológica sobre las capturas
de pantalla con las que se había sostenido la acusación.
Cuando la Cámara confirmó la sanción, no nos detuvimos.
Interpusimos recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires. Uno de los obstáculos era que el monto de la multa
no alcanzaba el mínimo que exige la ley para acceder a ese tribunal, así que
fundamentamos que el caso compromete derechos constitucionales (el derecho a
trabajar y el derecho a un debido proceso), cuya tutela no puede quedar
limitada por un monto. Además, como el acceso a la Corte exige un depósito
previo muy elevado, iniciamos un beneficio de litigar sin gastos, para que la
situación económica de nuestro cliente no le impidiera llegar al máximo
tribunal de la Provincia.
Dónde estamos hoy
El caso se encuentra actualmente en trámite ante la Suprema Corte de Justicia
de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos convencidos de que ningún profesional
puede ser sancionado sin saber de qué se lo acusa, y vamos a sostener esa
defensa en cada instancia que sea necesaria.
Mientras tanto, logramos que la suspensión de la matrícula
no se ejecute mientras se tramitan los recursos. Gracias a eso, nuestro cliente
continúa ejerciendo su profesión con normalidad, sin tener que cumplir una
sanción que todavía está siendo revisada por la justicia.
