Blog

"El zombie quería un espasmo de amor y aceptó las reglas del juego. Quería sentirse vivo. Salió a cenar, se rio en la plaza, agarró una mano en el cine, tuvo vergüenza de sacarse el calzoncillo por primera vez, desayunó en cama ajena, se lavó los dientes con el dedo, se tomó un bondi con la ropa de anoche, se tomó un vino un martes en un bar y faltó al trabajo. Se tomó el tiempo para detener todo el ruido de la ciudad y amar un rato. Un ratito, por lo menos. Porque el zombie no es siempre zombie,"

Solá, Juan. épica urbana. 

Prólogo

Entre lo que las personas sienten que se les debe por justicia, y lo que el derecho puede proveerles hay una distancia considerable. Esta distancia es aún mas extensa si lo que se compara es el camino a recorrer entre lo que se considera justo y aquello que los abogados que vivimos de la litigación podemos asegurar obtener. En este contexto, "el amparo" parece ser, al igual que "la cárcel" o "la indemnización" un concepto entendido correctamente por la población lega en materia de derecho, pero estas y otras voces siempre necesitan de una explicación mas extensa que solo los abogados podemos dar.

En situaciones extremas, es usual que las personas acierten entre lo que consideran justo y aquello que el derecho debería darles. Es que quien no cometió un delito, considera justo no responder por él, quien fue víctima considera justo que su agresor reciba una reacción del estado y, quien sufrió un menoscabo en sus intereses como consecuencia de un hecho de otro, opinará con justo criterio que aquél le debe una indemnización. 

En materia de salud, infinitos son los ejemplos porque infinitas son las situaciones injustas que diariamente se dan. En este contexto, el amparo parece la solución mas acorde, puesto que la mayoría de estas "situaciones injustas" son tan evidentes que el instituto constitucional de mención aparece como la respuesta mas adecuada. Sin embargo, el trámite del amparo relativiza esta respuesta, esencialmente por prácticas judiciales inadecuadas que desnaturalizan lo que la ley establece.

En el transcurso del texto al que aquí se da la bienvenida, se hacen varias consideraciones prácticas sobre lo que puede ocurrir en el trámite de una acción de este tipo, enhorabuena para que quienes ejercen el derecho puedan tenerlo presente, y quienes le requieren su representación a un letrado no achaquen solo a él/ella los vaivenes del proceso.

Durante la redacción de este trabajo, se dio una extraordinaria situación, propia únicamente de un gobierno nacional desconsiderado de los intereses de las personas: Por sentencias similares a la que aquí se expone, y mediante la formulación de un Decreto Reglamentario manifiestamente inconstitucional, se autorizó lisa y llanamente a las medicinas prepagas a aumentar durante la contratación sus montos de cuota. Mas allá de la crítica moral que ello merece, proviniendo sobre todo de un gobierno que se pretende ejemplo de una extraña moralidad, aquí se hace una crítica jurídica desde lo técnico a ese decreto. Como todo abogado que abraza con cariño su profesión, y busca diariamente dar respuestas justas a sus representados, no dejo de confiar en que la justicia dará a ese decreto la respuesta que debe darle: su inconstitucionalidad.

íNDICE

1. Introducción

Una situación que se repite, un derecho que vale la pena ser reclamado.

El rol del amparo en defensa de los usuarios del sistema de salud

2. El caso testigo "MESC". 

Hechos del caso y fundamentos jurídicos de la parte actora

Relación de consumo entre MESC y la Prepaga

Inicio del reclamo

Fundamentos jurídicos

Solicitud de medida cautelar dentro del amparo: restitución del valor de cuota previa al aumento

3. Planteo de la demandada: argumentos de la prepaga en su contestación.

Introducción del planteo de inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario 1993/2011.

La situación después del Decreto 102/2025

Consentimiento contractual y validez de cláusulas

Defensa del sistema por rangos etarios como técnica de sostenibilidad. 

Planteo sobre abuso del derecho por parte de la actora

No aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor

4. La medida cautelar como columna vertebral del caso

1.- Resolución del Juzgado Federal de San Martín (27/10/2022)

Se hace lugar a la medida por verosimilitud del derecho y peligro en la demora

Se destaca el carácter alimentario y urgente del derecho a la salud

Se ordena retrotraer la cuota al valor anterior al aumento, con los ajustes legales

2.- Confirmación por la Cámara Federal de San Martín (25/04/2023)

Rechazo a los agravios de la Prepaga

Se reafirma que el aumento no fue ni informado adecuadamente ni consentido en contrato

Se ratifica el carácter inoponible del aumento por edad sin cláusula expresa

Se destaca la protección del derecho a la salud y se cita doctrina constitucional

5. Sentencia de fondo

El juzgado considera legítimo el uso del amparo ante la afectación del derecho a la salud

Se descarta la existencia de cláusula contractual que habilitara el aumento por edad

Se recuerda la obligación legal del proveedor de informar en forma clara y fehaciente

Se determina que el aumento del 100% no fue autorizado por la Superintendencia de Salud

Se invalida el intento de aplicar el Decreto 66/2019 con efecto retroactivo (CCyCN, art. 7)

Se reafirma el carácter de orden público de la Ley 26.682 y el principio pro-consumidor

Parte dispositiva de la resolución.

6. Conclusión

1. Introducción.

Una situación que se repite, un derecho que vale la pena ser reclamado.

En los últimos años se registró una fuerte ola de reclamos y fallos contra las prepagas que aplican aumentos de cuota al cumplir el usuario determinada edad. Los medios destacaron diversos casos de afiliados afectados: por ejemplo, Infobae relató que a un afiliado de 61 años (H.J.M.) de manera sorpresiva le notificaron un cambio de "rango etario" y un alza del 47,66% en su cuota. La Sala F de la Cámara Comercial hizo lugar a su amparo, señalando que la empresa no había informado adecuadamente esos adicionales y recordando que por ley solo se permiten aumentos por edad cuando el afiliado cumple 65 años sin 10 años de antigüedad . En diciembre de 2024 se anunció que OSDE debía devolver todo lo cobrado de más a un afiliado al que le habían subido la cuota al cumplir 36 años , mientras que en febrero del mismo año medios bonaerenses informaron que la Cámara Comercial (Sala D) ratificó una medida cautelar ordenando a Medicus anular el aumento aplicado por la edad (70 años) en el plan familiar de una afiliada 

Los tribunales argentinos han fallado repetidamente contra estas prácticas en todo el territorio. Por ejemplo, en un caso de 2023 la Cámara Comercial de Córdoba (Sala B) confirmó la condena contra OSDE por "obrar ilegítimo" al aumentar la cuota a un afiliado por su edad (36 años) sin autorización. En ese fallo la Corte de Apelaciones ordenó a OSDE abstenerse de futuros aumentos por rango etario, volver a la cuota original y devolver lo cobrado indebidamente (excepto los aumentos autorizados) . En otro caso se dispuso el mismo resultado: la Cámara Comercial (Sala F) de Buenos Aires –confirmando amparo de primera instancia– obligó a Galeno a reintegrar a una afiliada "los importes que pudiera haber cobrado ilegítimamente" por aumentos motivados en la edad/franja etaria . 

En suma, las sentencias coinciden en que los únicos aumentos etarios válidos son los autorizados por la Superintendencia de Salud (o los previstos al ingresar al sistema); cualquier alza unilateral –como las que aplican al cumplir 36, 50, etc.– suele ser declarada ilegal, con orden de devolución.

En conjunto, la profusión de noticias, fallos y pronunciamientos oficiales demuestra que el caso "MESC" que trataremos aquí no es aislado, sino parte de un patrón amplio de conflictos. Sin embargo, el mismo es tomado como referencia con el fin de hacer un análisis pormenorizado de la situación descripta, desandando todo el camino judicial recorrido.

El rol del amparo en defensa de los usuarios del sistema de salud

La Acción de Amparo, desde su génesis, es planteada como el remedio judicial idóneo para aquellas situaciones donde se requiere una respuesta judicial rápida, estableciéndose para ello un procedimiento especial.

Regulado con claridad por el Art.43 de nuestra Constitución Nacional, luego replicado por las Constituciones provinciales y reglamentado con las diversas leyes de amparo que cada jurisdicción local ha ido estableciendo, esta acción requiere la concurrencia de algunos elementos:

• Una acción o una omisión emanadas de un particular o un organismo público.

• Que ese actuar u omitir, de forma manifiesta o arbitraria, lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, por un tratado o bien por la ley. 

• Que, además, la lesión señalada sea actual o inminente 

• La inexistencia de un remedio judicial mas idóneo para resolver la situación

En el ámbito federal, donde tramitan las acciones de amparo contra empresas de salud , resulta también aplicable la Ley federal de Amparo (Ley 16986), que establece otras situaciones donde la acción de amparo no resulta admisible. Son estas:

• Que el acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expresa aplicación de la Ley Nº 16970 (Ley de defensa Nacional);

• Que la intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado;

• Que la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas;

• Que la demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto fue ejecutado o debió producirse.

Mas de uno de estos límites merece una crítica, pero en todo caso deben ser considerados. De ellos, resulta de importancia el referido al plazo, pues si una Accion de Amparo es presentada luego de los 15 (quince) dias hábiles de producido el acto dañoso, la misma es rechazada in límine.

Los casos en los que se discuten derechos relacionados con la salud suelen ser muy sensibles, por lo que es poco debatido por los jueces que el trámite del amparo sea el correcto para tramitarlos. Siempre que se pueda comprobar verosímilmente que se encuentra en ejecución o que es inminente una acción u omisión, que de manera manifiesta o arbitraria lesione el derecho a la salud, la vía del Amparo es la idónea.

Claro está que en el caso que discutimos aquí, no solo hablamos de derecho a la salud sino también de otros derechos, como el de propiedad y aquellos que emanan de la ley de defensa del consumidor (como el trato digno, y la información a los consumidores). De esta manera, cobra relevancia la necesidad de que una autoridad judicial rápidamente se aboque al análisis y resolución de la cuestión que le es llevada, pues ninguna otra acción judicial podría tratar el tema con la brevedad que puede hacerlo el Amparo. 

2. El caso testigo "MESC"

Hechos del caso y fundamentos jurídicos esgrimidos por la parte actora

En el caso que aquí utilizo para explicar el tema, la actora, una mujer que se encontraba afiliada a una empresa de medicina prepaga desde hacía más de 20 años, advirtió un aumento significativo en el valor de su cuota mensual al cumplir 36 años. Este incremento no fue notificado previamente de manera adecuada ni se encontraba previsto expresamente en su contrato de afiliación.

Hasta entonces, había venido abonando una suma determinada por su plan de salud, pero al cambiar de rango etario —de 35 a 36 años—, el monto mensual de su cuota se duplicó abruptamente, sin que mediara información clara, detallada o anticipada que le permitiera comprender o prever ese cambio.

Al tomar conocimiento del incremento, la afiliada realizó un reclamo formal ante la empresa, solicitando explicaciones y la reversión del aumento. Sin embargo, la empresa no le brindó una respuesta satisfactoria, manteniendo el nuevo valor de cuota. Esta situación impactó directamente en su economía personal y le generó incertidumbre respecto a la continuidad del servicio médico.

Como consecuencia de ello, decidió iniciar una acción judicial a fin de que se revierta el aumento aplicado y se retrotraiga el valor de la cuota al monto anterior.

Relación de consumo entre MESC y la Prepaga

La actora, desde que inició su afiliación a la empresa, mantuvo una relación continuada en el marco de un plan de salud contratado de forma personal y directa. Esta vinculación incluía el pago mensual de una cuota, a cambio de la cobertura de prestaciones médicas y servicios de salud.

Desde el inicio del vínculo, la afiliada fue cumpliendo regularmente con sus obligaciones, abonando las cuotas establecidas y utilizando el sistema de prestaciones de salud en los términos ofrecidos. A lo largo del tiempo, fue parte del sistema como cualquier usuaria particular, sin intermediarios, siendo destinataria de las condiciones que la empresa fijaba unilateralmente en relación con sus planes y costos. Es de destacarse que la actora nunca tuvo queja alguna sobre el servicio prestado.

El canal de contacto entre la afiliada y la empresa fue siempre directo, ya sea a través de su número de afiliación, su credencial personal o las comunicaciones formales y electrónicas habituales. No existió, por otra parte y como resulta ocurrir en la generalidad de las relaciones de consumo, una negociación individual de condiciones: la afiliada adhirió a los términos generales del plan ofrecido, como lo hacen habitualmente los usuarios del sistema de medicina prepaga .

La relación fue enteramente privada, desarrollada en el ámbito de una contratación individual de servicios de salud. Fue en ese marco en que se produjo el aumento cuestionado por la actora, sin que mediara renegociación o consentimiento expreso.

Desde el punto de vista jurídico, esta relación se encuentra plenamente comprendida dentro del concepto de "relación de consumo" regulado por la Ley 24.240. Conforme al Art.1° de dicha norma, se entiende por consumidor o usuario "a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en forma gratuita u onerosa", lo que incluye a la actora, quien contrata el servicio de salud exclusivamente para su uso personal, sin fines comerciales.

Por su parte, la empresa reviste el carácter de proveedor en los términos del Art. 2° de la norma mencionada, que considera como tal "a la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de uso o distribución de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios".

En consecuencia, el vínculo que une a MESC con la prepaga es el de una típica relación de consumo: La empresa, como prestadora profesional de servicios de salud, ofrece un plan prepago a cambio de una contraprestación económica mensual; y la actora, en calidad de consumidora final, adquiere dicho servicio para la protección de su salud. Esta calificación tiene especial relevancia jurídica, ya que activa el régimen de protección previsto en la Ley 24.240 y, de forma supletoria, los principios del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de contratos de adhesión y trato digno

Inicio del reclamo

Como se dijo, el incremento en el valor de la cuota fue aplicado automáticamente por la empresa sin que mediara consentimiento de la actora, ni información fehaciente previa que le permitiera conocer que el mero cumplimiento de esa edad generaría un impacto económico de tal magnitud.

Establecido contacto presencial con la empresa, "MESC" fue informada verbalmente de que el motivo del aumento era, precisamente, haber cumplido 36 años. Al consultar sobre dicha situación con su madre —quien había intervenido en el trámite de afiliación—, esta le confirmó que al momento de la suscripción del servicio, en ningún momento se le advirtió que la cuota sufriría una variación al alcanzar esa edad.

Frente a ello, se envió una misiva documental a la entidad solicitando copia del contrato de afiliación, con el objeto de verificar si existía alguna cláusula que habilitara el incremento aplicado. En respuesta, la prepaga manifestó que no poseía dicho contrato, por lo que no podía remitirlo. De ese modo, la propia empresa reconoció que no contaba con un instrumento contractual que documentara o sustentara el aumento en cuestión.

Tanto la actora como su madre afirman no haber firmado cláusula alguna que autorizara un incremento de cuota vinculado al cumplimiento de los 36 años, lo que lleva a concluir que la prepaga impuso unilateralmente una modificación contractual sustancial, sin contar con respaldo contractual ni consentimiento del usuario. Ante esa situación, se inició un reclamo ante el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). En dicha instancia la empresa se presentó, pero rechazó cualquier tipo de acuerdo o solución, manifestando no tener ofrecimiento alguno que realizar.

Así las cosas, se formalizó la presentación de una Acción de Amparo, cuyos fundamentos y réplicas serán tratados a continuación.

Fundamentos jurídicos

El usuario se encuentra protegido en el marco de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, que a criterio de este autor no es mas que una regulación de los Arts. 42 y 43 de nuestra Constitución Nacional, debido a que "No hay derecho, en definitiva, que no tenga raíz y fundamento en la Constitución, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho común" . La entidad proveedora se encuentra, entonces, obligada

a cumplir con las mandas de la ley.

Dicho esto, es dable sostenerse que la entidad empresa, con su aumento,

ha violado flagrantemente el Derecho a la información, establecido

en el Art.42 de nuestra Constitución Nacional y desarrollado por los

Arts. 4, 19 y 38 de la ley 24240. 

El Art.4 establece el deber de información del proveedor, lo que es a la vez un derecho del usuario y se erige como uno de los pilares del derecho del consumidor. Dice la norma que "El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión."

El proveedor no puede escudarse en la falta de preguntas o conocimientos del consumidor; debe proporcionar activamente información completa, verdadera y comprensible. La ley exige que la información:

• Sea cierta (veraz, objetiva, sin ocultamientos),

• Clara (sin ambigüedades ni tecnicismos que oscurezcan su sentido),

• Detallada (suficiente para comprender las condiciones esenciales del producto o servicio),

• Y gratuita, es decir, no se puede cobrar por brindarla.

Este deber se aplica desde antes de la contratación y durante toda la vigencia de la relación contractual. Su inobservancia genera responsabilidad legal y puede ser causa de nulidad de cláusulas o contratos, por violación al consentimiento informado. 

Por su parte, el Art.19 establece una prohibición de modificación unilateral de las clausulas contractuales, al decir que "Quedan prohibidas las cláusulas que permitan al proveedor modificar unilateralmente el contrato, salvo que concurran motivos fundados, no previstos en el contrato, y que se lo comunique fehacientemente al consumidor, con una antelación no menor a treinta (30) días, informándole debidamente los motivos, alcance y consecuencias de tal modificación."

La norma, con acertado criterio, prohíbe de forma general la modificación unilateral de los contratos por parte del proveedor. No puede dejarse de mencionar que esta norma tiene una excepción, habilitando modificaciones unilaterales al contrato cuando hayan motivos fundados para hacerlo (aún no previstos en el contrato), pero siempre con comunicación fehaciente al consumidor, una antelación mínima de 30 días e indicándose claramente los motivos, alcance y consecuencias de la modificación.

Una causa válida podría ser la creciente inflación o un incremento de costos que haga antieconómica la contratación. Una modificación por estas razones estaría habilitada, pero no se podría imponer sorpresivamente en el contrato si no se cumple con la notificación previa y la debida fundamentación. Este artículo resguarda el equilibrio contractual e impide abusos de poder por parte del proveedor.

Vale decirse, aunque se peque por obviedad, que esta excepción no se dio en el caso.

El Art.38 de la ley, también invocado por la actora, establece el deber del proveedor de conservar documentación. Dice textualmente que "Los proveedores deberán conservar, por el término de tres (3) años contados desde la fecha de celebración del contrato o desde que se haya concretado la relación de consumo, la documentación correspondiente a aquélla, a disposición de la autoridad de aplicación y del consumidor.

La reglamentación podrá establecer los medios por los cuales los proveedores deberán conservar y poner a disposición esta documentación, en los casos en que no se hubiere extendido instrumento alguno que la documente."

En el contexto de este amparo de salud, la norma resulta clave: si la empresa no puede exhibir el contrato, está incumpliendo su obligación legal y deja sin respaldo su posición respecto de las condiciones pactadas (por ejemplo, la existencia de una cláusula de aumento por edad).

Además, si el contrato no fue entregado en papel, debe estar igualmente archivado por medios digitales seguros. Su inexistencia genera presunción en contra del proveedor respecto de cláusulas abusivas o no informadas .

Se trata, en definitiva, de no permitir la toma de decisiones unilaterales por parte de los proveedores que signifiquen un perjuicio del consumidor que repentinamente debe soportarlas. 

En efecto, no es difícil encontrar en la jurisprudencia argentina supuestos donde se ha sancionado la falta de cumplimiento del deber de información, con explícita fundamentación en la consagración constitucional del correlativo derecho a la información Ejemplificativamente, en un caso similar al tratado aquí se ha dicho que "La

recurrente se ha reservado el derecho a modificar el importe fijado a su libre

arbitrio, pues no se consignan criterios objetivos, ni se explican al afiliado los

parámetros que serán tenidos en cuenta para aumentar el valor de las cuotas, ni

se especifica con cuanto tiempo de anticipación ello será notificado al usuario,

en abierta contradicción con lo que dispone el Art.4° de la Ley 24.240, y al

derecho a la información consagrado por el Art.42 de la CN" 

En otro de ellos, poniéndose primero de resalto que "la Constitución es ley

suprema o norma fundamental no sólo por ser la base sobre la que se erige todo

el orden jurídico-político de un estado, sino también, por ser aquella norma a la

que todas las demás leyes y actos deben ajustarse. Esto quiere decir que todo

el ordenamiento jurídico-político del estado debe ser congruente o compatible

con la constitución y que La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció

doctrina en el sentido de que la Constitución Nacional -y los instrumentos

internacionales incorporados a ella- asume el carácter de una norma jurídica y,

en cuanto reconoce derechos, lo hace para que estos resulten efectivos y no

ilusorios, sobre todo cuando se encuentra en juego un derecho humano

fundamental , se ha tenido por no escrita una cláusula contractual que se encontraba en un contrato de adhesión de donde efectivamente se establecía un

aumento por rango etario, por entender que dicha cláusula era de las

denominadas abusivas. Dicha cláusula señalaba que "La entidad podrá modificar

los valores de las cuotas de los Planes asistenciales, sin afectar el equilibrio en la

relación entre las partes, previo requerir autorización de la Superintendencia de

Servicios de Salud, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley 23.660 y de

acuerdo a sus resoluciones 490/90 y 240/01; cuando tal modificación obedezca a

causas fundadas en incorporación de servicios, tecnologías, prestadores o

prestaciones, incremento de costos o servicios (medicamentos, practicas, insumos,

mantenimiento, impuestos, tasas y servicios, costos laborales, honorarios profesionales,

seguridad social, devaluación monetaria, inflación y causas similares). La modificación

será informada con una antelación no inferior a 60 días corridos (desde la fecha de

notificación a la del vencimiento del pago) y el asociado, en caso de no aceptarla, podrá

rescindir sin cargo la contratación.». La cláusula fue tenida por no

escrita, siendo que no puede entenderse que se haya informado debidamente al

consumidor de esos aumentos únicamente a través de la firma del contrato,

señalándose entonces que la demandada no se encontraba autorizada para

realizar esos aumentos . 

Los fundamentos del Código Civil y Comercial establecen lo que se da por llamar "dialogo de fuentes", estableciéndose que todas las normas que conforman nuestro sistema jurídico se relacionan (dialogan) entre sí, por lo que en lo que sea de aplicación, todas han de tenerse presentes y, por ello, resulta de aplicación también su Art.1100, ya mencionado.

Es una característica clave de nuestro Código Civil y Comercial, además, la

inserción del concepto de "Constitucionalización del derecho privado", a través

del cual se puede concluir en que conforme la consagración del primer párrafo

del Art.42 de la CN, el derecho "a una información adecuada y veraz" reviste

naturaleza constitucional . En este sentido se ha manifestado además nuestro

máximo tribunal, al decir que "La cláusula constitucional genera el deber de

proporcionar toda información relevante para la decisión de consumo, a menos

que se invoque una razón normativa o fáctica que justifique mantener dicha

información en reserva"  

Se sostiene, en idéntico sentido, que el derecho a la dignidad reconocido por el

Art.42 de la Constitución Nacional es clave de identificación del derecho del

consumidor, dentro del sistema de tutela de los derechos humanos, lo que ahora

encuentra reglamentación legal en el Art.1097 del Código Civil y Comercial 

Por otro lado, a criterio de la actora, el actuar de la demandada es lesivo contra la buena fé contractual, reglada por los Arts. 9, 10 y 11 del CCC, en intensa relación con el abuso del derecho y el abuso de posición dominante. 

El Art.9 establece que "Los derechos deben ser ejercidos de buena fe". Con él, se consagra el principio rector de buena fe objetiva en el ejercicio de los derechos, refiriéndose a una conducta leal, honesta, transparente y cooperativa que debe guiar todas las relaciones jurídicas, especialmente los contratos. No se trata solo de la "buena intención" subjetiva de las partes, sino de un estándar objetivo de comportamiento exigible. En otras palabras, una parte no puede abusar de su posición ni aprovecharse de vacíos legales o contractuales para obtener ventajas indebidas.

En relaciones de consumo (como los contratos de medicina prepaga), este principio implica que el proveedor no puede sorpresivamente modificar condiciones esenciales, ocultar información relevante o ejecutar sus derechos de modo abusivo o contradictorio con la confianza legítima del consumidor.

La buena fe, así, actúa como límite y guía del ejercicio de los derechos: no todo lo que es legalmente posible es jurídicamente admisible si vulnera este principio.

Se relaciona con él el Art.10 de la misma ley, al establecer que "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos", agregando que "El ordenamiento jurídico no tolera el ejercicio antisocial de los derechos. Se considera tal el que contraría los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres."

Con él, se prohíbe el uso abusivo de los derechos, estableciendo un límite sustantivo y ético: los derechos no pueden ejercerse para perjudicar a otros, para obtener ventajas desproporcionadas o de forma contraria a los valores del ordenamiento jurídico.

Se considera abusivo:

• El ejercicio que desnaturaliza el fin para el cual el derecho fue conferido (por ejemplo, usar un derecho contractual como excusa para imponer una carga desproporcionada al consumidor),

• El que contradice la buena fe, la moral o las buenas costumbres.

En el contexto del contrato de medicina prepaga, este artículo permite sostener que duplicar la cuota de manera inesperada y unilateral por una razón biológica (cumplir años), sin pacto previo ni información clara, constituye un abuso del derecho contractual por parte del proveedor.

Por su parte, el Art.11 refiere al Abuso de posición dominante y establece que "El abuso de una situación de superioridad económica, jurídica, informativa o técnica en perjuicio de la otra parte, en las relaciones jurídicas paritarias o entre personas no plenamente capaces, debe ser corregido por el juez, mediante la adecuación del contenido del acto o por otros medios adecuados para eliminar el perjuicio."  Conforme este artículo, se considera abusivo el aprovechamiento de una superioridad económica (empresa con poder de fijar precios), jurídica (control del contrato y conocimiento de las normas), informativa (asimetría en el acceso a la información) o técnica (conocimiento profesional que el consumidor no tiene).

El juez tiene el deber de intervenir si detecta este tipo de abuso, pudiendo modificar el contenido del contrato (adecuación), eliminar cláusulas perjudiciales y, en definitiva, restituir equilibrio en la relación jurídica.

Como se dijo y no es errado repetir: En el caso en estudio no se había contratado de ninguna manera con la empresa la posibilidad de un repentino aumento de la cuota solo por arribarse a una edad determinada, por lo que lo hecho unilateralmente resulta en un abuso en su posición para continuar brindando un servicio de tanta importancia como

lo es un servicio de salud, a un precio que decide de forma arbitraria la

demandada.

Por último, el actuar de la requerida es también violatorio del trato digno que

merece todo usuario consumidor, en los términos del Art.8 bis de la ley 24.240.

En efecto, la actora tiene derecho a formular su propio plan de vida, en el que

considere sus presupuestos propios, sus ingresos y gastos en referencia a su

salud. Permitir que unilateralmente un prestador pueda sin más duplicar el valor

de la cuota genera una situación visiblemente desventajosa para ella. Se verifica además un trato indigno cuando esos aumentos le eran ocultos a la usuaria

y eso es admitido por la propia entidad al confirmar que no posee su contrato.

Solicitud de medida cautelar dentro del amparo: restitución del valor de cuota previa al aumento

En virtud de todo lo mencionado, se requirió a la judicatura que dictara medida cautelar de cese, a fin de que la prepaga retrotraiga el valor de la cuota de abono mensual del servicio a aquél que la actora abonaba antes del mes de Septiembre de 2021.

La actora sostuvo que se encontraba verosímilmente acreditado su derecho,

atento que se encontraba probada su pertenencia como usuaria a los servicios que presta la demandada, así como los aumentos dados en las cuotas ya referidos.

Sostuvo además que la demora en la resolución del amparo significaría sin mas la continuación del pago de montos dinerarios indebidos, que no se encuentran

avalados por ningún contrato firmado entre las partes.

Es principio general que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe dictarse en la causa principal. Su fundamentación no requiere un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio, sino que basta un análisis de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido . Esta característica permite que el órgano judicial se expida sin necesidad de realizar un estudio acabado de todas las circunstancias que rodean la relación jurídica. De lo contrario, si se viera obligado a profundizar en tales consideraciones, se pondría en riesgo el deber de imparcialidad que le impone no prejuzgar, es decir, no emitir una opinión o decisión anticipada favorable a alguna de las partes (Fallos: 306:2062 y 314:711). 

Sin embargo (y todo su resaltado es intencionado), hay que aclarar bastante sobre este punto. Si bien la medida cautelar no debería ser un adelanto de la sentencia, lo cierto es que ese límite es, en ocasiones, difícil de establecerse. En el caso que aquí tratamos, por ejemplo, a poco que la judicatura entiende que la cuota debe retrotraerse al monto que se abonaba antes de la edad de 36 años no hay duda que ese "humo de buen derecho" difícilmente cambiará hacia la sentencia. Esto es normal, y no desnaturaliza para nada el proceso, pues el juez no deja de ser imparcial si a su justo criterio dá razón a una parte atendiendo sus planteos. Lamentablemente, ocurre en muchas ocasiones que los jueces rechazan las peticiones cautelares argumentando que las mismas son idénticas a lo que se pretende con la sentencia. Esto es un error, pues todas las medidas cautelares tienen relación con la sentencia y, en tanto sea justo dictarlas eso es lo que debe ocurrir.

Sin ánimos de extenderme en demasía sobre la naturaleza de una medida cautelar, puede decirse que su objeto es prevenir que la normal demora que un proceso judicial conlleva no continúe una situación injusta. Así pues, ¿Por qué no puede un juez ordenar cautelarmente la realización de una cirugía de urgencia?, o ¿Por qué no podría, como en este caso, ordenar que se deje de cobrar una cuota que se observa injusta?. En todo caso, si en la sentencia se verifica que la Medida Cautelar fue equivocadamente dictada, existirán acciones judiciales que los afectados por ella podrán iniciar.

El ejercicio puntual de prudencia que se le exige al juzgador no lleva como consecuencia una presunción en contra de dar razón a las pretensiones cautelares, sino la reflexión y el análisis que, en definitiva, finalicen con un buen tino al administrar justicia.

La jurisprudencia también ha sostenido que, en materia de medidas cautelares, debe primar un "espíritu amplio", especialmente cuando —como en el presente caso— se encuentra comprometida una "prestación esencial para la atención de la salud" (Fallos: 327:5556).

En el caso de autos, hallándose en juego un derecho personalísimo como lo es el derecho a la salud —de jerarquía constitucional conforme lo establecido en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional—, y ante la interposición de una acción tendiente a garantizar su plena vigencia y protección, corresponde adoptar una interpretación extensiva, y no restrictiva, en cuanto a la procedencia de la medida cautelar solicitada, a fin de evitar un eventual daño irreparable en caso de que la sentencia definitiva resulte de cumplimiento tardío, ineficaz o imposible.

3. Planteo de la demandada: argumentos de la prepaga en su contestación.

Introducción del planteo de inconstitucionalidad del Decreto Reglamentario 1993/2011

Luego de realizar una negativa por imperativo legal de los hechos del caso y del derecho invocado por la actora, la prepaga introdujo el planteo de inconstitucionalidad del Art.17 del Decreto Reglamentario 1993/2011. Este planteo, aún cuando no prosperó, será expuesto aquí.

Es necesario aclarar que el planteo de demanda, su contestación y el dictado de la medida cautelar y el dictado de la sentencia tramitaron previo al dictado del Decreto 102/2025, que modificó el artículo de mención. Es necesario explicar el planteo sintéticamente con la normativa anterior, y posteriormente se analizará la situación con la norma actual -situación que a criterio de este autor, no difiere en cuanto al derecho de los consumidores ni modificaría las decisiones tomadas en este caso-

La ley 26.682 establece el Marco regulatorio de la Medicina Prepaga, que entre otras cosas obliga a estas entidades a ofrecer, como mínimo, las prestaciones del Programa Médico Obligatorio y del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, garantizando la no discriminación por edad o enfermedades preexistentes. Regulan también los contratos, permitiendo la rescisión sin penalidad por parte del usuario y limitando las causales de baja por parte de la empresa. Se establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, erigiéndolo como responsable de fiscalizar su cumplimiento, autorizar modelos de contratos, mantener registros y asegurar la información a los usuarios. La ley establece derechos fundamentales de los usuarios, impone sanciones por incumplimientos y prevé un sistema de financiamiento mediante multas y otros recursos. Además, fija condiciones de funcionamiento, criterios de transparencia, acceso equitativo a las prestaciones, y declara su carácter de orden público para su aplicación en todo el territorio nacional.

Poco tiempo después fue dictado el Decreto 1993/2011, reglamentario de la ley en cita. Su artículo 17 señalaba que las empresas podían "(…) establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias con una variación máxima de tres (3) veces entre el precio de la primera y la última franja etaria."

La redacción del artículo es, a criterio de la prepaga, de carácter inconstitucional, por alterar el espíritu y contenido del Art. 17 de la Ley 26.682, pues este permite establecer precios diferenciales en los planes prestacionales según franjas etarias, con una variación máxima de tres (3) veces entre la primera y la última franja, permitiendo que existan variaciones durante la vigencia del contrato. El Decreto en cuestión, sin embargo, restringió esa posibilidad al momento de ingreso al sistema.

En este sentido, la demandada alegó que tal reglamentación vulneraba entonces el "Principio de Legalidad", consagrado en el art. 19 de la CN, excediéndose en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por el Art. 99 inc. 2° de la CN, el cual prohíbe alterar el espíritu de la ley mediante reglamentos. 

Ahora bien, el Decreto 102/2025 -B.O.: 17/2/2025- hizo una importante, drástica, e ilegal modificación del Art.17 del Decreto 1993/2011. La modificación deja establecido que "Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la Ley N° 26.682 y sus modificaciones podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud ofrecidos durante toda la vigencia del contrato.", obligando a las entidades a cumplir algunos recaudos mínimos en relación a la información previa que se le debe a los usuarios cuando existan aumentos.

Debe señalarse primeramente que las empresas no suelen informar a los usuarios sus aumentos en los valores de cuota, lo que genera per se la posibilidad de reclamar judicialmente la devolución de todo el dinero que se cobre en exceso al usuario que se encuentre sorpresivamente con aumentos.

Luego suyo, también corresponde señalarse que una autorización legal para que las empresas puedan modificar un contrato de consumo durante su ejecución resulta no solo en un atropello tremendo para los usuarios sino, sobre todo, en una verdadera ilegalidad, por dos motivos:

• En este caso, por ser inconstitucional: No se discute que el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad (y responsabilidad) constitucional de reglamentar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Sin embargo, esa reglamentación no puede desnaturalizar el espíritu de la ley que reglamenta, pues de hacerlo se estaría violando el principio republicando de gobierno . Dicho esto: el actual Art. 17 del Decreto Reglamentario 102/2025, al establecer que los valores pueden establecerse durante toda la vigencia del contrato es de manifiesto contrario a la naturaleza del artículo que reglamenta, que establece con claridad que Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley pueden establecer precios diferenciales para los planes prestacionales, al momento de su contratación, según franjas etarias (…).

• Además, por cuanto permitirlo violaría la propia esencia de los contratos. La palabra que se empeña en ellos, aquello que es aceptado por las partes, naturalmente no puede ser modificado por una de ellas en el transcurso de su ejecución. Mucho menos eso, a criterio de este autor, cuando ello puede implicar que la parte débil de la relación contractual deje de obtener una prestación de salud.

Consentimiento contractual y validez de cláusulas

La demandada sostuvo que entre las partes existió un acto jurídico válido, voluntario y lícito que tuvo por objeto la afiliación de la actora a su servicio, en los términos del Art. 259 del Código Civil y Comercial de la Nación , celebrado con discernimiento, intención y libertad , y formalizado por escrito). Refiere que el contrato suscripto se encuentra alcanzado por las disposiciones generales sobre actos jurídicos, y que su interpretación debe considerar los principios del ordenamiento jurídico, invocando luego expresamente el Art. 957 del mismo cuerpo legal, definiendo al contrato como "el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales". Sostiene entonces que la actora conocía de antemano las condiciones del Plan Binario 210, incluyendo el cambio de categoría al cumplir los 36 años, y que tal información le fue proporcionada al momento de la contratación, afirmando con ello que el contrato celebrado es obligatorio para las partes y que debe ejecutarse de buena fe  incluyendo todas las consecuencias que razonablemente se comprenden en él. Se destaca la validez del consentimiento prestado por la actora, quien adhirió libremente a un contrato con cláusulas generales predispuestas, sosteniendo que la forma y redacción de las cláusulas son claras, comprensibles y autosuficientes, cumpliendo.

La cláusula relativa al aumento por franja etaria, dijo, se encuentra amparada por una previsión legal expresa: el art. 17 de la Ley 26.682, que permite establecer precios diferenciales al momento de la contratación. Además, sostuvo que la prepaga ha dado cumplimiento a la Resolución 55/2012 de la Superintendencia de Servicios de Salud, Anexo II, Punto 6, acompañando los contratos y planes diferenciados por edad.

Asimismo, buscó aclarar que el cambio de categoría obedece a la pérdida de una bonificación otorgada por la empresa a los afiliados jóvenes, y no a un aumento discrecional. La cuota individual es el valor real del plan, una vez que el afiliado cumple los 36 años, sin perjuicio de los aumentos autorizados por la autoridad de aplicación.

Defensa del sistema por rangos etarios como técnica de sostenibilidad.

La prepaga sostuvo que la diferenciación de cuotas por franja etaria no solo es legal sino necesaria para garantizar la sustentabilidad del sistema de medicina prepaga. Se cita el art. 17 de la Ley 26.682, que autoriza expresamente establecer precios diferenciales según franjas etarias al momento de la contratación, con una variación máxima de tres veces entre la franja inicial y la final.

Sostuvo que la segmentación etaria ha sido aprobada por la autoridad de aplicación en diversas oportunidades. Mencionó expresamente la Resolución 341/04 de la Superintendencia de Servicios de Salud, que reconoce planes con bonificaciones por edad para jóvenes de 18 a 35 años. Se invoca también el cumplimiento de la Resolución 55/2012, que exige informar los contratos y rangos etarios diferenciados.

La demandada señala que esta práctica responde a fundamentos actuariales: los jóvenes usan menos el sistema de salud, por lo que se les ofrece una bonificación para facilitar su acceso, mientras que los mayores de 36 comienzan a abonar la cuota sin descuento. De allí que la cuota "individual" refleje el valor real del plan.

Se argumenta que invalidar esta segmentación pondría en riesgo la viabilidad financiera del sistema. Citan jurisprudencia donde se afirma que los jueces deben considerar las consecuencias económicas de sus decisiones, invocando doctrina de la Corte Suprema en Fallos 305:1163 y 313:1232:

"En materia jurídica ha de haber siempre una salida que lleve al resguardo del bien común […] los jueces tienen el deber de ponderar las consecuencias sociales de su decisión".

En el fallo "Marzoratti", se destaca: "...una cláusula fundada en la letra expresa de la referida ley 26.682, que —inserta en el sistema de financiación de las prestaciones de salud a cargo de las empresas de medicina prepaga— no sólo no aparece abusiva, sino más bien se puede advertir justificada y razonable".

 

Planteo sobre abuso del derecho por parte de la actora

La demandada alega que el reclamo judicial iniciado por la actora constituye un ejercicio abusivo del derecho, en los términos del Art. 10 del CCyC. Es bastante sorpresivo que el mismo argumento que sostuvo la actora lo haya sostenido la demandada. En definitiva, argumentó que la afiliada conocía y aceptó expresamente que al cumplir 36 años su cuota cambiaría, y que luego de años de pago ininterrumpido, acciona judicialmente con la única finalidad de obtener un beneficio económico en desmedro de la empresa y del resto de los afiliados.

Sostuvo entonces que este comportamiento vulnera el principio de buena fe contractual y contradice actos propios previamente ejecutados, conforme la doctrina del "venire contra factum proprium", que la define como incompatible con la moral, la buena fe y el principio de confianza legítima ). 

En tono enfático, se alega que: "La parte actora pretende una cobertura médica sin abonar el real valor de la cuota por el plan médico contratado, realizando para ello un verdadero abuso del derecho...".

Admitiendo en definitiva lo repetitivo de su conducta, la empresa sostuvo que muchos afiliados inician este tipo de reclamos para mantener una cuota bonificada, valiéndose del sistema de gratuidad de la ley para iniciar acciones que además incluyen pedidos de daño moral, psicológico y multas (como la del Art. 52 bis de la Ley 24.240), lo que debilita financieramente a la prepaga y afecta su capacidad para atender adecuadamente a todos sus afiliados. Se plantea así la existencia de un uso distorsionado del proceso y un perjuicio estructural al sistema.

4. La medida cautelar como columna vertebral del caso

1.- Resolución del Juzgado Federal de San Martin (27/10/2022)

Se hace lugar a la medida por verosimilitud del derecho y peligro en la demora

El tribunal, al evaluar la procedencia de la medida, comienza recordando que: "Es principio general que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que configura su objeto, no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgado se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa sobre él, es decir, de no emitir opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes"

(Fallos: 306:2062 y 314:711).

Sostiene que debe existir un "deslinde celosamente guardado" entre el estudio de verosimilitud y el fondo, "pues de él depende la supervivencia misma de las vías de cautela". A continuación, en la resolución establece que: "La viabilidad de las medidas precautorias se halla supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora; exigiéndose la presencia de ambos recaudos, pues sin perjuicio de la apreciación en torno al modo e intensidad en que pueden presentarse en cada supuesto en particular, la ausencia de uno de ellos impide el dictado de la cautelar."

Asimismo, afirma que corresponde remitir a la jurisprudencia federal en relación con la procedencia de la prohibición de innovar, justificando su otorgamiento cuando: "...existe la necesidad de mantener la igualdad de las partes y evitar que se convierta en ilusoria la sentencia en un proceso determinado", ya que se trata de una medida orientada a "preservar, durante la sustanciación del proceso principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho".

Se destaca el carácter alimentario y urgente del derecho a la salud

La resolución refuerza el fundamento de la tutela anticipada con base en la naturaleza del derecho afectado, al decir que "Sin perjuicio de ello, es dable recordar que también se ha sostenido, en especial, que en materia de medidas cautelares debe primar un ‘espíritu amplio’, máxime cuando —como en el presente caso— se trata de una ‘prestación esencial para la atención de la salud’" (Fallos: 327:5556).

Y a renglón seguido enfatiza: "Hallándose en juego en el presente, la subsistencia de un derecho personalísimo como el derecho a la salud, de principal rango en el texto de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de jerarquía constitucional —art. 75 inc. 22—, ante la interposición de la acción con el fin de garantizar su plena vigencia y protección, cabe adoptar una interpretación extensiva y no restrictiva sobre la procedencia de la medida cautelar incoada, a fin de evitar un eventual daño, si en el momento de ejecutar la sentencia dicha ejecución se convierte en ineficaz o imposible."

La jueza destacó además la urgencia del caso, y dijo: "Considero que la situación en la que se encuentra la actora, implica una urgencia que no admite demoras en su respuesta, pues se conjugan compromisos internacionales asumidos por la República en materia de derechos humanos", y que "En esta etapa preliminar del proceso, una decisión contraria produciría un perjuicio grave en la salud e integridad física de la actora, afectando gravemente derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos."

Se ordena retrotraer la cuota al valor anterior al aumento, con los ajustes legales

Con base en los considerandos previamente citados, la jueza Martina Isabel Forns resolvió: "Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordenar a OSDE adecue la cuota de afiliación al valor mensual que abonaba la actora antes del mes de Septiembre de 2021, con más los aumentos legales que haya autorizado la autoridad de aplicación a su respecto, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo."

2.- Confirmación por la Cámara Federal de San Martin (25/04/2023)

Rechazo a los agravios de la Prepaga

La Prepaga, como era de esperarse, formuló Recurso de Apelación contra lo resuelto. La Cámara Federal de San Martín, al resolver, rechazó dicho recurso y confirmó el pronunciamiento, desestimando todos los agravios vertidos por la demandada, con costas en la alzada a su cargo.

Indicó que el marco legal de las medidas cautelares exige verosimilitud del derecho ("fumus bonis iuris") y peligro en la demora ("periculum in mora"), conforme el art. 230 y 199 del CPCC, y que estos requisitos se encontraban cumplidos (conf. Sala I, causas 601/11, 1844/11, 2131/11 y 2140/11; Sala II, causas FSM 31004/2018/1 y CCF 1963/2017/1). Citó también jurisprudencia de la CSJN: Fallos 306:2062 y 314:711.

Se reafirma que el aumento no fue ni informado adecuadamente ni consentido en contrato

El Tribunal consideró que el aumento aplicado por la empresa en razón de que la actora había cumplido 36 años carecía de legitimidad, dado que no se encontraba debidamente informado ni consentido en contrato. Señaló que la prepaga acompañó un formulario preimpreso de "Solicitud de Asociación" donde figuraba la madre de la actora como socia titular, pero el mismo carecía de firma en el reverso (donde figuraban las "condiciones generales") y no constaba cláusula expresa que habilitara el aumento a los 36 años.

Expresamente, la Cámara sostuvo: "En este orden de ideas, teniéndose presente que ni la actora ni su madre habían firmado cláusula contractual que autorizara un aumento a la edad de 36 años y que la empresa de medicina prepaga le aplicó un incremento sin informar con la debida diligencia, prima facie el adicional efectuado por la entidad de medicina prepaga no resulta ajustado a la normativa referida precedentemente".

Se ratifica el carácter inoponible del aumento por edad sin cláusula expresa

De forma concluyente, la Sala II sostuvo que si bien el régimen normativo admite aumentos por franjas etarias, los mismos deben estar expresamente estipulados en el contrato de adhesión, y su omisión impide oponerlos válidamente al usuario.

La resolución señala: "En tal contexto, si bien los aumentos por franjas etarias están previstos normativamente, lo cierto es que para hacerse efectivos deben plasmarse en los contratos de afiliación y, a su vez, el monto no puede superar en tres veces la franja menos onerosa" y más adelante, reitera: "La posición adoptada [por la prepaga] se encontraba en contradicción con lo señalado en la reglamentación de la Ley 26.682 en cuanto sólo permitía diferenciar la cuota por plan y por grupo etario al momento del ingreso del usuario al sistema (Art. 17, del decreto 1993/2011)".

Se destaca la protección del derecho a la salud y se cita doctrina constitucional

El fallo contiene una fuerte reafirmación de la centralidad del derecho a la salud y su jerarquía constitucional. Se citan numerosos instrumentos internacionales con rango constitucional (art. 75 inc. 22 CN), incluyendo: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VII), Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.2), Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4.1 y 19), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 24.1) y Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 10.3)

En apoyo, citó también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que el derecho a la vida —que incluye a la salud— es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales, y constituye un valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental" (Fallos 323:3229 y 324:3569).

En ese marco, concluye que: "Las circunstancias apuntadas y sin perder de vista el ámbito provisional que es propio de estas medidas, tornan verosímil el derecho invocado por la peticionante al mantenimiento del valor de la cuota sin aumentos por rango etario (…)".

5. Sentencia de fondo

El juzgado considera legítimo el uso del amparo ante la afectación del derecho a la salud

El Tribunal, tras analizar los hechos y el objeto de la demanda, concluye: "Frente a lo expuesto y conforme el objeto de la demanda, corresponde ingresar en el análisis de la procedencia de la acción de amparo interpuesta, toda vez que la actora ha cuestionado el incremento en el valor de la cuota del plan de salud que abonaba como afiliada de la demandada. En este sentido, el objeto del presente se vincula con el ejercicio de un derecho fundamental como lo es el derecho a la salud." Refuerza como marco normativo aplicable a la Acción de Ampro, al decir que: "El art. 43 de la Constitución Nacional establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra actos u omisiones de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o inminente, lesionen derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley." Y que "A su vez, el derecho a la salud se encuentra protegido por normas de jerarquía constitucional, entre ellas el art. 75, inc. 22, que incorporó con ese carácter a los instrumentos internacionales de derechos humanos. En ese marco, esta jurisdicción considera que el amparo resulta procedente."

Se descarta la existencia de cláusula contractual que habilitara el aumento por edad

El Juzgado advierte que: "Del análisis de la documental acompañada por OSDE, particularmente la Solicitud de Asociación y la descripción del Plan Binario 210, no surge que se haya pactado expresamente que al cumplir 36 años la actora pasaría a otra categoría con un incremento del 100% en la cuota."

Y añade: "El contrato de afiliación suscripto no contiene una cláusula clara, precisa y destacada que prevea expresamente el aumento por cambio de franja etaria."

Se recuerda la obligación legal del proveedor de informar en forma clara y fehaciente

Se subraya la exigencia legal del deber de información, con base en normativa de protección al consumidor, al decir que "El proveedor de servicios debe brindar al consumidor en forma cierta, clara y detallada, todo lo relacionado con las características esenciales del servicio que ofrece, como así también las condiciones contractuales. Así lo establece el art. 4° de la Ley 24.240.",  y también que "En materia de contratos de medicina prepaga, rige un deber reforzado de información, máxime cuando se trata de cláusulas que impactan directamente sobre el costo del servicio esencial que se brinda.", mencionando en este sentido que "La actora no fue debidamente informada respecto de que al cumplir 36 años se le aplicaría un aumento del 100%, lo que afecta su derecho a contratar con conocimiento y a decidir libremente."

Se determina que el aumento del 100% no fue autorizado por la Superintendencia de Salud

El Tribunal deja constancia de que "De la prueba informativa producida se desprende que la Superintendencia de Servicios de Salud no autorizó expresamente el incremento aplicado por OSDE a la actora."  y que: "El aumento del 100% que se pretende justificar con base en una supuesta pérdida de bonificación no se encuentra respaldado por acto administrativo específico de la autoridad de aplicación."

Se reafirma el carácter de orden público de la Ley 26.682 y el principio pro-consumidor

En este punto, la jueza afirma que "La Ley 26.682, en cuanto regula la medicina prepaga, es una norma de orden público. Sus disposiciones son inderogables por voluntad de las partes.", que "En caso de duda sobre la interpretación de una cláusula, debe estarse a la que más favorezca al consumidor, conforme al principio pro-consumidor consagrado en el art. 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial."

Además, señala que "Las cláusulas que prevean aumentos deben ser redactadas en forma destacada, clara y comprensible (art. 38, Ley 24.240), lo que en el presente caso no se verificó."

Parte dispositiva de la resolución

La sentencia, en definitiva, hizo lugar a la acción de amparo y ordenó a la empresa retrotraer el valor de la cuota del Plan Binario 210 a la suma anterior a la modificación aplicada por la demandada a partir del mes de septiembre de 2021, con más los aumentos legales que correspondan, imponiendo las costas del proceso a la demandada.

6. Conclusión

El análisis exhaustivo del caso "MESC" permite concluir que el incremento de la cuota de medicina prepaga aplicado unilateralmente por las empresas de medicina prepaga al cumplirse una edad determinada resulta manifiestamente ilegítimo, tanto por razones contractuales como constitucionales y legales. El derecho a la salud, consagrado en el bloque de constitucionalidad federal y estrechamente vinculado con principios de buena fe, trato digno e información adecuada, fue vulnerado por una conducta empresaria que careció de respaldo contractual, autorización estatal y notificación previa.

A lo largo del proceso, la justicia federal no solo reconoció la verosimilitud del derecho de la actora y el peligro que entrañaba la demora judicial, sino que también sentó precedentes claros en favor del control judicial efectivo ante prácticas abusivas por parte de empresas de medicina prepaga. En ese marco, la medida cautelar dictada inicialmente —y luego confirmada por la Cámara— fue decisiva para evitar un perjuicio económico prolongado y garantizar la continuidad de un servicio esencial.

La sentencia de fondo ratificó ese camino, declarando la inaplicabilidad del aumento por edad por ausencia de cláusula expresa, falta de consentimiento y violación al deber de información. Además, reafirmó la vigencia del principio pro-consumidor, la supremacía de la Constitución y la inderogabilidad del orden público protectorio en materia de salud y consumo. La demandada, por su parte, no logró acreditar la legalidad de su accionar ni revertir las pruebas contundentes en su contra.

Este caso, paradigmático dentro de una tendencia creciente de reclamos judiciales similares, revela que las acciones de amparo continúan siendo herramientas eficaces y necesarias frente a desequilibrios estructurales en relaciones de consumo. El fallo no solo resuelve un conflicto individual, sino que también proyecta un mensaje claro a los operadores jurídicos y al sector prestador: los aumentos por edad sin cláusula expresa al momento de contratar no solo son contrarios a derecho, sino que comprometen la vigencia de principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

El Decreto 102/2025 no modifica esta cuestión, atento que resulta inconstitucional e injusto, toda vez que intenta permitir que aquello que se acordó al momento de contratarse, pueda ser modificado por una de las partes en desmedro de la otra cuando lo desee. 

FIN